y amenaza a sus miembros con fuertes sanciones económicas y pérdida de los derechos políticos!
(por „Alianza por los Derechos Humanos Ecuador“ Alianza DDHH)
Exigimos que el CNE detenga la persecución contra defensoras y defensores de la naturaleza y alertamos sobre el grave precedente que estas acciones sientan para el derecho a la participación y a la defensa de derechos en el Ecuador.
DENUNCIA PÚBLICA
El CNE persigue a YASunidos y amenaza a sus miembros con fuertes
sanciones económicas y pérdida de los derechos políticos
18 de diciembre de 2025
YASunidos es un colectivo integrante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos que, desde el año 2013, ha luchado por dejar el petróleo del Yasuní en el subsuelo en defensa de los pueblos indígenas aislados y de las miles de especies animales y vegetales que habitan ese territorio.
En 2023, como colectivo proponente de la histórica consulta popular por el Yasuní, hizo campaña por la opción del SÍ para dejar el crudo en el subsuelo. El colectivo YASunidos no recibió fondos estatales para la campaña y los aportes privados no superaron los 4 mil dólares, fueron todos justificados y revisados por la UAFE y el SRI.
Más de dos años después de esta histórica consulta, la señora Diana Atamaint, presidenta del prorrogado Consejo Nacional Electoral (CNE), ha denunciado a varios integrantes de colectivo ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por una presunta infracción electoral relacionada con la supuesta falta de entrega de los informes de campaña, a pesar de que toda la documentación requerida por el CNE fue entregada de manera oportuna.
Atamaint solicita sancionar a las y los integrantes del colectivo denunciados con multas de hasta 32.900 dólares para cada uno y la suspensión de sus derechos políticos por hasta cuatro años, por observaciones que incluyen aspectos como: reclasificación contablemente de 0,39 centavos, no haber presentado la solicitud de cierre del Registro Unico de Contribuyentes (YASunidos presentó el cierre del RUC), no haber entregado un estado de cuenta final (YASunidos presentó el corte al estado de cuenta final).
El CNE pretende equiparar diferencias contables insignificantes con infracciones graves para buscar que se sancione a YASunidos de forma ilegal y desproporcionada. Cabe señalar que el informe con observaciones nunca fue notificada en legal y debida forma.
La actuación del CNE contra YASunidos contrasta con la permisividad demostrada frente al uso abusivo de bonos sociales en época de campaña electoral, entrega de regalos, falta de solicitud de licencias para campaña, sanción a la Vicepresidenta por “violencia política”, entre otras. Estos hechos últimos son tan graves que configuran desequilibrios reales en la contienda electoral, incluso con recursos públicos.
La persecución contra YASunidos a través de la función electoral no es un hecho aislado. En primer lugar, desde el 2013 el colectivo ha enfrentado persecución y obstáculos para cuidar el Yasuní. Aquello ha sido reconocido por la Corte Constitucional. En segundo lugar, en el gobierno de Noboa, las y los defensores ambientales y de la naturaleza enfrentan riesgos agravados: se prohibe a las organizaciones “interferir” en proyectos mineros aprobados por el gobierno, se persigue a las organizaciones defensoras de derechos y ambientalistas a través de la UAFE y los jueces “anticorrupción”, se han iniciado infundados y abusivos procesos de indagación penal previas por “financiamiento del terrorismo” y otros delitos, se estigmatiza a los defensores y defensoras ambientales y se los criminaliza.
El Ecuador, con la persecusión a YASunidos, vulnera el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro para que las personas defensoras ambientales actúen sin amenazas ni restricciones. Además de otros instrumentos internacionales como la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, adoptada por la ONU en 1998.
La amenaza de enormes multas de más USD 32.900 y de suspensión de derechos políticos por cuatro años por parte del CNE no tiene el propósito de garantizar procesos equitativos y democráticos, sino perseguir a defensores ambientales y dificultarles su labor.
Activar el poder sancionador del Estado por 0,39 centavos es un acto absurdo y desproporcionado, más aún cuando se trata de un colectivo ciudadano de defensoras y defensores de derechos.
La presidenta ATAMAINT debería escuchar la voz del pueblo expresada de forma
contundente en las consultas que defienden la naturaleza del extractivismo así
como comprometerse a garantizar procesos electorales equitativos y justos. El CNE
no puede ser instrumento de persecución política. Asimismo, debe abstenerse
de violar derechos de defensores y defensoras de derechos humanos, violación que
también ocurre cuando se les somente a procesos abusivos e injustos.
Por todo lo anterior, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos exige detener la persecución por parte del CNE contra defensoras y defensores de la naturaleza y alerta sobre el grave precedente que esta persecución sienta para el derecho a participar y defender derechos en el Ecuador.
Especialmente hacemos un llamado a las organizaciones defensoras de derechos nacionales e internacionales y a la comunidad internacional para que exijan al Ecuador el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de tratados que protegen la naturaleza y a sus defensores y defensoras.
Comunicado-Alianza-Caso-TCE-Yasunidos.pdf
